Familias Cusqueñas buscan apropiarse de Machupicchu

Familias Abrill y Zavaleta iniciaron, desde hace varios años, cinco procesos judiciales con la finalidad de quitarle al Estado la propiedad de la Maravilla Mundial. El director de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble de la Dirección Regional de Cultura del Cusco, Elías Carreño, informó que cinco procesos judiciales, iniciados por los herederos de las familias Abrill y Zavaleta, buscan apropiarse de Machu Picchu. Las acciones legales fueron presentadas ante diversos juzgados de la Corte Superior de Justicia del Cusco, argumentando que dichas familias son las propietarias, por herencia, de la Maravilla Mundial por haber habitado sus antecesores en dicha jurisdicción y alredededores. Al respecto, Carreño sostuvo, de manera tajante, que las 32 mil 592 hectáreas que comprenden el Parque Arqueológico Nacional y Santuario Histórico de Machu Picchu son de propiedad del Estado y están inscritos en la Ficha Nº 17699 del Libro de la Propiedad Inmueble de los Registros Públicos del Cusco, por lo tanto, considera que las demandas de expropiación planteadas por las familias Abrill y Zavaleta son improcedentes. “La primera norma dada en materia cultural es el Decreto Supremo Nº 089 del 22 de abril de 1822, es decir, en los albores de la República, y allí se establece expresamente que los monumentos que quedan de la antigüedad del Perú son de propiedad del Estado. Posteriormente las diversas constituciones políticas y leyes que están vigentes en nuestro país ratifican ese principio, por lo que, no cabe reclamación alguna de parte de los sucesores de dichas familias”, afirmó. Añadió que en la historia del Derecho de nuestro país, siempre se ha consagrado que el Estado es propietario de los vestigios y bienes arqueológicos inmuebles en todas sus expresiones, incluyendo en primer nivel a las ciudades y poblados prehispánicos, como Machu Picchu. En cuanto a los procesos judiciales pendientes, Carreño Peralta, afirmó: “Ninguna de esas causas todavía han concluido y esperamos que los fallos sean favorables al Estado porque la ley está de nuestra parte, mas bien, nos sorprende que los demandantes pretendan recurrir ante la Unesco sobre este tema que aún no ha sido resuelto jurídicamente”, finalizó.